Desde un primer momento, la ONU ha estado viciada: no ha cumplido los preceptos formulados en su Carta fundacional y se ha dejado llevar por los intereses particulares de las potencias preponderantes: Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y China. Si tras la Segunda Guerra Mundial esa estructura pudiera tener alguna razón de ser, en nuestros días se ha quedado totalmente obsoleta: no sólo por la falta de democracia que significa que sólo cinco países tomen las decisiones más importantes, que rigen los destinos de miles de personas. Si no también porque hasta esa estructura autocrática está injustamente repartida: Europa está sobrerrepresentada, mientras que continentes enteros como África carecen de representación.
Las resoluciones del Consejo de Seguridad (no de las Naciones Unidas) se caracterizan, en general, por ser ambiguas, y muchas veces relativas a resoluciones anteriores. De esta forma se prolongan las decisiones previamente tomadas, pero ¿no sería mejor establecer nuevas medidas, ya que se ha puesto de manifiesto que las previas no han dado los frutos deseados? Por otra parte, la ONU no es firme en el tratamiento de conflictos que requerirían una mayor mediación para resolverse y que piden a gritos más ideas y más implicación, tanto por parte de los contendientes como de la propia Naciones Unidas y Estados miembro, que se dedican a teorizar mucho más que a actuar (como en el caso del Sáhara, por ejemplo).
Una de las muestras más fehacientes de la inefectividad de la ONU es el inmovilismo ante la actual situación de Siria. Mientras que el Consejo de Seguridad sacó adelante la resolución 1973 que permitía llevar a cabo una serie de actuaciones en Libia, Bachar el Asad, de momento, no va a correr la misma suerte que Gadafi, a pesar de las similitudes entre ambos conflictos. Literalmente, la ONU se decidió a actuar en Libia por “el deterioro de la situación, la escalada de la violencia y el elevado número de víctimas civiles”. Además, dicha resolución añade: “Reiterando que las autoridades libias tienen la responsabilidad de proteger a la población libia y reafirmando que las partes en los conflictos armados tienen la responsabilidad primordial de adoptar todas las medidas posibles para asegurar la protección de los civiles.
Condenando la grave y sistemática violación de los derechos humanos, incluidas las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, los casos de tortura y las ejecuciones sumarias.
Condenando también los actos de violencia e intimidación cometidos por las autoridades libias contra periodistas, profesionales de los medios de comunicación y su personal asociado e instando a esas autoridades a cumplir las obligaciones que les impone el derecho internacional humanitario enunciadas en la resolución 1738 (2006).
Considerando que los ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil que están teniendo lugar actualmente en la Jamahiriya Árabe Libia pueden constituir crímenes de lesa humanidad. (…)
Exige que las autoridades libias cumplan las obligaciones que les impone el derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, las normas de derechos humanos y el derecho de los refugiados, y adopten todas las medidas necesarias para proteger a los civiles, satisfacer sus necesidades básicas y asegurar el tránsito rápido y sin trabas de la asistencia humanitaria.”
Con argumentos tales como proteger a los ciudadanos, la sistemática violación de derechos humanos o que las autoridades lleven a cabo actos de violencia e intimidación la ONU permitió la intervención en Libia. ¿Es que acaso estas circunstancias no se están dando en Siria en forma de, por ejemplo, disparos indiscriminados contra manifestantes pacíficos?
Otro ejemplo del doble rasero de la ONU es la resolución 1975, relativa al reciente conflicto en Costa de Marfil entre los partidarios de los políticos Ouattara y Gbagbo. El Consejo de Seguridad publicó lo siguiente:
“Condenando los abusos y violaciones graves del derecho internacional en Côte d’Ivoire (Costa de Marfil), incluidos el derecho humanitario, las normas de derechos humanos y el derecho de los refugiados, reafirmando la responsabilidad primordial de cada Estado de proteger a los civiles y reiterando que las partes en los conflictos armados tienen la responsabilidad primordial de tomar todas las medidas viables para asegurar la protección de los civiles y facilitar el tránsito rápido y sin trabas de la asistencia humanitaria y la seguridad del personal de asistencia humanitaria (…).
Reafirmando que es responsabilidad de Côte d’Ivoire promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional y enjuiciar a los responsables de tales actos.
Considerando que los ataques que actualmente tienen lugar en Côte d’Ivoire contra la población civil pueden representar crímenes de lesa humanidad y que los autores de esos crímenes deben ser obligados a rendir cuentas con arreglo al derecho internacional, y haciendo notar que la Corte Penal Internacional puede decidir acerca de su competencia en relación con la situación”.
En resumen, la ONU acepta como válidas unas razones para intervenir en un país, pero en otros las pasa por alto. Se contradice a sí misma. Una razón más para dudar de su efectividad y credibilidad.
